DPU advierte sobre violaciones contra venezolanos en Roraima y nuevos riesgos

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La situación de precariedad se agravó con la pandemia y sigue teniendo un historial reciente de tensiones y actos violentos

Versión en español por Mariana Furquim

El estado de Roraima, especialmente la capital Boa Vista y el municipio de Pacaraima, ya ha sido escenario de varios casos de violaciones y violencia contra los migrantes venezolanos. Una situación que no ha hecho más que empeorar con la pandemia y que aún puede agravarse si no se toman medidas por parte de todos los actores implicados en el asunto.

Esta es la principal advertencia de un informe divulgado por la Defensoría Pública Federal, basado en una misión realizada entre el 22 y el 26 de marzo por la institución en el Estado. El informe completo está disponible en este enlace del portal de la DPU.

La misión de la DPU tuvo lugar unos días después de uno de estos actos violentos. El 17 de marzo, agentes de seguridad entraron sin orden judicial en un centro de acogida de inmigrantes en Pacaraima, situado en la frontera con Venezuela. En el lugar había unas 70 personas, todas ellas mujeres o menores, incluidas mujeres embarazadas.

“Fue un intento de criminalizar las ayudas sociales a los inmigrantes indocumentados. Había una intención de deportar a los inmigrantes allí acogidos”, señala la defensora Natalia von Rondow, autora del informe.

Rondow también agrega que la situación precaria de los venezolanos en el estado se ha agravado por las 28 ordenanzas ya emitidas por el gobierno federal en el contexto de la pandemia. Estas medidas restringen el acceso de personas de otros países al territorio brasileño, pero imponen barreras adicionales a los nacionales de Venezuela.

“Se está formando una bolsa de personas vulnerables en Pacaraima y Boa Vista. Esta situación, que ya existía, se agrava [con la pandemia] y con ello se acaba haciendo a la persona más vulnerable, más susceptible de ser seducida por la trata de personas”.

Próximos passos

Además de las advertencias, el informe de la DPU incluye una serie de sugerencias dirigidas a todos los actores directamente implicados en la gestión de la migración venezolana en Roraima. Entre las recomendaciones están la formación de agentes para un enfoque humanitario, el establecimiento de canales de comunicación, la garantía de acceso de los migrantes a los servicios públicos y la regularización de documentos.

En la lista de sugerencias de la Defensoría del Pueblo también figuran la abstención de actos de intimidación como los ocurridos en el albergue para inmigrantes de Pacaraima y la atención especial a los inmigrantes que viven cerca de la estación de autobuses de Boa Vista, cuya situación fue calificada de preocupante por la DPU.

Además de difundir los resultados de la misión en Roraima, Rondow también dijo que ahora comienza un proceso de implementación de las referencias descritas en el documento. Uno de ellos es el establecimiento de una oficina especializada en el tema de la migración en Boa Vista, que permitirá la presencia de otro defensor público en Roraima.ellos es el establecimiento de una oficina especializada en el tema de la migración en Boa Vista, que permitirá la presencia de otro defensor público en Roraima.

“Estamos buscando nuevas estrategias de actuación. Trabajaremos en el acceso a los servicios públicos para los inmigrantes indocumentados y los indígenas. A partir de este informe empezaremos a ejecutar”.

Historia de la tensión

Aunque tiene una relación histórica con Venezuela, Roraima viene coleccionando casos de tensión relacionados con la migración de nacionales del país vecino, motivados por la crisis generalizada que enfrenta al menos desde 2015.

En agosto de 2018, llamó la atención un episodio en el que residentes brasileños de Pacaraima expulsaron a venezolanos al otro lado de la frontera con actos de violencia y coreando el Himno Nacional de Brasil. El desencadenante fue un asalto y agresión supuestamente cometidos por un venezolano.

Antes, en febrero del mismo año, dos casas ocupadas por venezolanos en el barrio mecejano de Boa Vista fueron atacadas con fuego. Cinco migrantes resultaron heridos con quemaduras de hasta segundo grado.

El ambiente hostil se extiende también a las instituciones que trabajan en favor de los inmigrantes. También en agosto de 2018, una conversación entre miembros del SJMR (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados) y migrantes venezolanos en Boa Vista tuvo su contenido distorsionado y convirtió a la institución -y a uno de sus miembros, en particular- en blanco de amenazas y manifestaciones xenófobas. La reacción hizo que uno de los miembros de la ONG tuviera que abandonar Roraima.

Otras entidades y su personal también han informado de dificultades en su trabajo con los inmigrantes debido a este escenario.

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