Por Mara Tissera Luna
Desde 2015, el gobierno húngaro emprendió una reforma dramática del sistema de asilo que resultó en su virtual desmantelamiento. Esta reforma sólo puede ser comprendida en el contexto de una de las transformaciones sociopolíticas más radicales que Europa asistió en los últimos años: la instalación progresiva, desde 2010, de un gobierno de tinte autoritario en Hungría por parte del Primer Ministro Viktor Orbán. Algunos expertos describen este sistema como “régimen híbrido”, ya que, si bien en teoría las instituciones democráticas continúan existiendo, en la práctica, el ejecutivo limita continuamente la independencia de los diferentes poderes y organismos del estado, y la libertad de acción de los actores de la sociedad civil.
Muchos expertos húngaros concuerdan en que, en el contexto de la crisis humanitaria del “largo verano de la migración” europeo de 2015, la elite gobernante encontró en la temática de la migración una oportunidad política inédita para continuar su proyecto autoritario. En particular, para legitimarse como “defensor del pueblo húngaro” en contra del avance de los supuestos ”invasores” extranjeros, y desviar la atención de problemas serios de política pública (tales como la corrupción sistemática).
Entre agosto de 2015 y julio de 2018, el gobierno realizó una serie de enmiendas constitucionales, modificó las leyes que rigen la migración, los procedimientos de solicitud de protección internacional y el control fronterizo, y declaró un “estado de emergencia causado por la immigración” (vigente hasta hoy). El experto húngaro Boldizsar Nágy sintetizó esta transformación del marco institucional con los términos de “negación”, “disuasión”, “obstrucción” y “castigo”, ya aquella le permitió al gobierno:
- Negar que las personas que solicitaban protección internacional la necesitasen, clasificándolas como “migrantes” o “migrantes económicos”;
- Bloquear su acceso al territorio húngaro por medio de la construcción de una cerca de alarme de cuchillas y del aumento de la vigilancia policial en las fronteras con Serbia;
- Disuadirles de solicitar protección internacional, al complejizar el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y negar a los aplicantes el derecho a la libertad y el respeto de las garantías procesales;
- Criminalizar a aquellos que lograban ingresar a Hungría, expulsandolos hacia Serbia.
Como resultado del nuevo marco institucional, las personas que intentaban acceder al procedimiento para determinar la condición de refugiado en Hungría se convirtieron en víctimas de:
- Expulsiones colectivas desde Hungría a Serbia. Se calcula que, desde julio de 2016, 40,000 personas fueron expulsadas de Hungría por las fuerzas policiales, incluso mediante el uso de violencia;
- Largos períodos de espera en condiciones deplorables en la “pre-áreas de tránsito” mientras esperaban entrar en territorio húngaro, entre agosto de 2015 y septiembre de 2016;
- Detenciones arbitrarias durante períodos indeterminados en las denominadas “zonas de tránsito” (reconocidas como centros de detención por la ONU) entre marzo de 2017 y mayo de 2020. Incluso grupos vulnerables o con necesidades especiales tales como niños, niñas, mujeres embarazadas, y personas con enfermedades crónicas fueron detenidos en estos centros.
Además, las condiciones de integración en Hungría para refugiados reconocidos y beneficiarios de protección subsidiaria son mucho menos favorables que en otros países de la Unión Europea. Desde 2013, el gobierno eliminó gradualmente todos los servicios y programas de integración y son las ONGs las únicas que gestionan los pocos que existen en el país.
Para legitimar la importancia de estas reformas, desde 2015 el gobierno desarrolla una serie de campañas mediáticas de millones de Euros que buscan estigmatizar a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados (en particular a los musulmanes), estigmatizar a las ONGs que los ayudan como “enemigas públicas” que “defienden intereses políticos extranjeros”, y acusar al magnate y filántropo húngaro-estadounidense George Soros y a la Unión Europea de promover la migración hacia Europa, recurriendo a teorías de la conspiración.
La protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados también se vió afectada por la campaña política y mediática con la que, desde 2013, el gobierno demoniza a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como por la sanción de dos leyes que obstaculizan su labor y están vigentes hasta hoy:
- La ley de “transparencia de las ONGs que son financiadas desde el exterior” de 2017 requería que cualquier ONG que recibiese más de 24,000 EUR de donantes foráneos se registrasen como “organización financiada desde el extranjero” en sus páginas web y publicaciones;
- El paquete de leyes llamado “Paren a Soros”, aprobado paradójicamente el día del refugiado de 2018, que criminalizaba las actividades de las organizaciones no gubernamentales que defienden a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.
Durante la crisis del COVID, e incluso antes de aplicar medidas de distanciamiento social, el gobierno cerró el acceso a los solicitantes de asilo desde Serbia hacia los centros de detención donde podían solicitarlo (las “zonas de tránsito”) y aumentó el número de tropas que vigilan la frontera, bajo el argumento que “existe una conexión entre el coronavirus y la migración ilegal”.
Desde mayo, una nueva ola de transformaciones del sistema de asilo tuvo lugar. En el caso de dos familias afgana e iraní detenidas en las “zonas de tránsito”, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que la detención automática y por tiempo indefinido de solicitantes de asilo y migrantes en las “zonas de tránsito” equivale a una detención arbitraria y a una privación de libertad. Para implementar esta sentencia, el gobierno cerró estos centros de detención y liberó a las aproximadamente 280 personas que se encontraban allí detenidas (incluyendo familias con niños) transladándolas a dos centros abiertos de recepción.
Al mismo tiempo, por medio del Decreto Gubernamental 233/2020 (V.26.) el gobierno estableció nuevas reglas que hacen que solicitar asilo en Hungría sea casi imposible, y que estarán vigentes hasta finales de 2020. Según el nuevo reglamento, entre otras cosas, los solicitantes de asilo que se encuentren fuera del territorio húngaro podrán presentar una “declaración de intención” en dos embajadas húngaras (Ucrania y Serbia), que podrán proveer un permiso de entrada a Hungría para solicitar asilo.
Mara Tissera Luna vive en Hungría desde 2015, donde estudió administración pública en la School of Public Policy de la Central European University (www.maratisseraluna.com, twitter: @maratisseraluna).
