Por Paulo Illes e Nathalie Pere-Marzano
En octubre de 2019, en el Museo de la Migración de París, por iniciativa de la Organización para una Ciudadanía Universal (O.C.U.) y la Asociación de Ciudades y Territorios de Acogida de Francia (ANVITA), se reunieron más de 200 personas representantes de la sociedad civil y de los gobiernos locales a nivel internacional; quienes acordaron una carta de principios, que sentó las bases para la construcción de una Alianza Migración. El texto fundador, que contiene 2 principios fundamentales y 8 propuestas de acción concreta, fue el resultado de un amplio proceso participativo de todos los participantes.
Dos años después de aquella reunión, la pandemia ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema de acogida e integración de las personas migrantes en su conjunto. Y, una vez más, la sociedad civil se juntó a aquellos gobiernos locales que querían buscar alternativas a las restricciones impuestas por las políticas nacionales e internacionales, que fueron endurecidas en el contexto pandémico.
Siguiendo los principios rectores de la Alianza Migración, entre los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021, se llevó a cabo una misión de un grupo de 5 voluntarios que durante 6 meses estuvieron en el territorio dialogando, analizando y recogiendo prácticas inspiradoras de políticas públicas. El trabajo de campo se realizó en las ciudades de Barcelona, (España) Lisboa (Portugal), Palermo (Italia), Grenoble y Montreuil (Francia). Resulto de este trabajo una base común estructurada en 3 pilares: a) promover una visión de la migración basada en la interculturalidad para el pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas migrantes; b) promover el acceso universal a los derechos: un trabajo de colaboración transversal y duradero entre los actores locales; c) permitir la participación política y el ejercicio de la ciudadanía de las personas migrantes. Este estudio mostró debilidades tal como que, de alguna manera, señalan respuestas integrales a las demandas de las personas migrantes.
El documento de Alianza para las Migraciones: Hacia una base común de los territorios, reconoce las particularidades de cada ciudad, ya sea por su posición geográfica o por el contexto histórico, cultural, institucional y geopolítico en el que se inscriben; pero, al mismo tiempo, señala lo que hay de común en cada uno de estos territorios, ya que todos se ilustran por la organización de los actores de la sociedad civil local y el enfoque adoptado por las autoridades locales. Por un lado, existe un tejido social y asociativo heterogéneo comprometido con la cuestión migratoria, constituido principalmente por asociaciones de personas migrantes, ONG, comités de apoyo, sindicatos y diferentes grupos de solidaridad. Por otro lado, estos 5 municipios han tomado, en varias ocasiones, una posición comprometida con el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes frente a las políticas migratorias que violan los derechos fundamentales en sus países.
Algunos ejemplos: En 2018, la ciudad de Palermo se opuso y decidió no aplicar el Decreto Salvini, que prohibía registrar a las personas solicitantes de protección internacional en su estado civil, limitando así el acceso a sus derechos. Barcelona se declaró Ciudad Refugio en 2015 y discrepó con el gobierno español en cuanto a su política migratoria, para esto implementó diversos programas y políticas de acogida e integración, además de pronunciarse públicamente contra la criminalización de las personas migrantes y de quienes las acogen. Montreuil, frente a la lógica del Estado, se concreta en el apoyo jurídico y político a los residentes que buscan documentos a través del compromiso de las autoridades elegidas en una campaña nacional de regularización incondicional. Grenoble se ha manifestado en contra de la política migratoria francesa, así como de su caza de migrantes y personas solidarias con las personas migrantes. Como acción simbólica, concedió una Medalla de la Ciudad a Cédric Herroux en 2018, un agricultor francés y activista por los derechos de las personas migrantes. Cédric es conocido en Francia e internacionalmente, después de haber sido detenido varias veces por ayudar a más de 250 personas migrantes a cruzar la frontera entre Italia y Francia. Lisboa afirma sus raíces interculturales a través de un Consejo de Migrantes y se inscribe en un contexto de implementación de un Plan Municipal de Integración de los Migrantes desde el terreno de un Estado más preceptivo para las personas migrantes, cercano a las asociaciones y abierto al protagonismo de las asociaciones migrantes.
Al mismo tiempo, en estos dos años han tenido lugar otros hechos importantes. En América Latina, Red Sin Fronteras, miembro de la O.C.U por América Latina, ha promovido un amplio diálogo de intercambio de experiencias entre ciudades latinoamericanas. Durante el Foro Social Américas de las Migraciones (FSAM), se pudo intercambiar prácticas y aprendizajes entre São Paulo – Brasil, Montevideo – Uruguay y Catamarca – Argentina. São Paulo por contar con una política local consolidada, iniciada en 2013 e institucionalizada con la Ley Municipal N° 16.478/16 del alcalde Fernando Haddad (PT) y que sigue una trayectoria de implementación con la instalación del Consejo Municipal de Migrantes, el Centro de Referencia en Atención a Migrantes y la aprobación de un Plan Municipal de Integración de Migrantes y de Promoción del Trabajo Decente. En Montevideo, tras un conjunto de reivindicaciones de la sociedad civil, la Intendencia creó la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes (SEERPM) en 2016, incluyendo así la atención a personas migrantes y poblaciones originarias como un eje transversal en sus políticas, basada en un enfoque de género, vulnerabilidad y Derechos Humanos; poniendo foco sobre las pertenencias étnico-raciales y su relación con el racismo, la discriminación y la xenofobia. Catamarca participó del FSAM en octubre de 2020, presentando el Consejo Municipal del Inmigrante de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, creado ese mismo año por Ordenanza Municipal N° 7564/20. Su objetivo es ser un espacio de consulta, contención, abordaje y formación en la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes; fomentando su participación social y su rol como sujetos activos en el proceso de construcción de políticas públicas.
En la actualidad, existen algunas iniciativas muy importantes en marcha. En Brasil, ciudades como Diadema, Cuiabá y Recife están construyendo políticas alternativas. Diadema, situada en la región metropolitana de São Paulo, con una población de 430.000 habitantes, se posiciona como una ciudad de acogida para las personas migrantes, con iniciativas destinadas a la inclusión en los espacios de participación de la ciudad. Situada en la región norte de Brasil y en el Estado de Mato Grosso, Cuiabá es una ciudad con una población de cerca de 630.000 personas. Actualmente, el Ayuntamiento está por aprobar la iniciativa de la sociedad civil y de las asociaciones de migrantes haitianos sobre un proyecto de ley, que busca crear e institucionalizar una política local sobre migraciones. Recife, capital de Pernambuco, situada en el noreste de Brasil y con una población de 1,6 millones de habitantes, construyó un proyecto de ley inspirado en el modelo de São Paulo, creando las bases de una política municipal y estableciendo principios para la actuación del gobierno local con participación de la sociedad civil. Recife recibe personas migrantes venezolanas desde 2018, a través del programa de Interiorización Voluntaria “Pana” (amigo, en la lengua de los pueblos originarios Warao). En Argentina, el Consejo Municipal del Inmigrante, recientemente, inició el 1° Censo Municipal Inmigrante en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, ubicada en la región noroeste del país, con un creciente flujo de personas migrantes. A su vez, en septiembre de este año, el gobernador anunció la apertura de la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Catamarca, saldando una deuda histórica con las personas migrantes, quienes deben viajar hasta la provincia de La Rioja para realizar sus trámites migratorios.
Estos y otros ejemplos muestran la importancia de los procesos participativos y del trabajo conjunto entre la sociedad civil y los gobiernos locales. Los flujos migratorios no se detuvieron durante la pandemia, aunque el lema “quédate en casa” ha sido la frase más repetida en estos casi dos años de pandemia. Cabe destacar que las personas migrantes en tránsito “no tienen un hogar donde quedarse”, por lo tanto, no hay forma de permanecer en sus hogares, viéndose obligados a enfrentar las barreras impuestas por una política ajena a los derechos humanos.
Constatamos una ausencia de política de acogida en el contexto mundial, que pensaría la integración en un sentido global, non solo políticas de asistencia y regularización migratoria, pero también políticas de acceso a derechos fundamentales: salud, trabajo decente y vivienda. Los gobiernos nacionales, en su gestión migratoria, responden mucho más a las exigencias del control migratorio. Son ellos los que controlan la entrada y salida de sus territorios, mientras que las ciudades no eligen quién entra en su territorio y experimentan un enorme vacío y falta de información sobre las personas recién llegadas.
Las ciudades con una buena política de acogida contribuirán en gran medida al desarrollo social, urbano y democrático.
Paulo Illes es representante Externo de la Organisation pour une Citoyenneté Universelle – OCU y miembro de la Red Sin Fronteras – RSF; Nathalie Pere-Marzano es Presidenta de la Organisation pour une Citoyenneté Universelle – OCU y Delegada General de Emmaus International
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