Por Rodrigo Borges Delfim
Traducción : Mariana Furquim
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Durante los próximos 12 meses, Brasil presidirá el Comité Ejecutivo (EXCOM) del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Pero qué significa esta elección en la práctica? ¿Y qué se puede entender de este anuncio, ya sea por el gobierno brasileño o la sociedad civil?
La elección de Brasil para este puesto, que es rotativo, fue anunciada fervientemente por Itamaraty (como se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores) el 9 de octubre, después de la sesión del Comité. Días después, el martes (13), el ACNUR también expresó sus felicitaciones al país por la nominación.
“Es estimulante ver al Brasil asumir la presidencia de nuestro órgano de gobierno en este momento de adaptación a circunstancias tan desafiadoras. Nuestras tareas se han ampliado y se han vuelto más complejas, y el ACNUR necesita trabajar de manera eficaz y en asociación con más interlocutores. Brasil comprende esta necesidad y, sin duda, llevará a cabo el Comité Ejecutivo de manera prudente”, afirma José Egas, representante del ACNUR en el Brasil.
El tema del refugio, que ha ido ganando terreno en el debate brasileño en los últimos años, ha tenido un impulso superior ante la crisis generalizada en Venezuela. En la actualidad, Brasil alberga a 260.000 nacionales del país vecino, 46.000 de los cuales son reconocidos como refugiados.
En una declaración oficial, Itamaraty afirma que “la elección refleja el reconocimiento internacional del compromiso del Brasil en el ámbito humanitario”, citando como ejemplo la “Operação Acholhida”. Creada en 2018, la acción tiene como objetivo gestionar el flujo de inmigrantes venezolanos en el país.
Es importante recordar que el Brasil tiene su política exterior bajo fuerte oposición, frente a casos como los incendios en el Amazonas y el Pantanal, además del apoyo a cuestiones cuestionables de derechos humanos a nivel internacional.
¿Qué es el Consejo del ACNUR?
El Consejo del ACNUR existe desde 1959 y cuenta con 106 miembros, entre los que se encuentra Brasil, uno de sus miembros fundadores (haga clic aquí y vea la composición del colegiado).
Según el organismo de las Naciones Unidas, el EXCOM es el órgano de gobierno del ACNUR a nivel mundial y se reúne anualmente para examinar y aprobar los programas y presupuestos del organismo y adoptar conclusiones y recomendaciones sobre la protección internacional. También se encarga de debatir cuestiones administrativas, financieras y de procedimiento entre el ACNUR y sus asociados gubernamentales e intergubernamentales.
Brasil es miembro de este consejo desde 2018, pero lo presidirá por primera vez. En la formación anterior, un representante de Bélgica ocupaba la presidencia y la diplomacia brasileña ocupando una de las vicepresidencias.
El cargo será ocupado por la embajadora de Brasil en Ginebra (Suiza), la diplomática Maria Nazareth Farani Azêvedo, hasta octubre de 2021. También fue la representante del país en las dos formaciones anteriores de la dirección del Comité.
Además de la actual presidencia brasileña, el consejo del ACNUR 2020-2021 también cuenta con representantes de Alemania, Líbano y Djibouti. Lo que tienen en común es que han recibido poblaciones en situación de refugio en los últimos años.
Sin embargo, el comité tiene un carácter consultivo más que deliberativo, ya que las principales decisiones del ACNUR son responsabilidad de la Asamblea General. Al mismo tiempo, el puesto más importante de la agencia es el de alto comisionado, que ahora ocupa el italiano Filippo Grandi.
Distancia entre la teoría y la práctica
A pesar de los elogios a las acciones del Brasil en relación con la migración venezolana, el país ha estado liderando acciones que van en la dirección opuesta al discurso positivo adoptado por Itamaraty.
“La reputación positiva del Brasil en materia de refugio proviene de las leyes de refugio y migración. Estas leyes han sido objetivos ofensivos del gobierno de Bolsonaro”, subraya Camila Asano, directora de programa de Conectas Derechos Humanos.
Es importante recordar que la primera decisión internacional del gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido), todavía en enero de 2019, fue retirar a Brasil del Pacto Mundial para las Migraciones, al que el país se había adherido el mes anterior, todavía bajo la dirección de Michel Temer (MDB).
Entre otros ejemplos de esta postura del gobierno de Bolsonaro está la Ordenanza 666, posteriormente reeditada con pocos cambios, que estableció la figura de la deportación sumaria sin el debido proceso. Este procedimiento se considera ilegal en virtud de la Ley de Migración vigente en el Brasil desde 2017.
Ordenanzas y restricciones a los venezolanos
Aunque el Brasil reconozca a Venezuela como país de refugio elegible y es el país con más refugiados venezolanos, también ha impuesto una serie de restricciones a esta población en el contexto del Covid-19.
En medio de la pandemia, se han emitido más de 20 ordenanzas sobre el cierre de fronteras desde marzo. Las entidades de la sociedad civil y las recientes decisiones de la Justicia señalan que estas regulaciones también violan las leyes de migración vigentes en el país. Esto se debe a que el gobierno no crea formas de recepción para aquellos que intentan entrar en Brasil por motivos humanitarios o de refugio.
“El gobierno insiste en que hay razones sanitarias. Pero hay hipocresía cuando ha permitido la entrada de turistas por aire desde julio, pero mantiene la prohibición de que los migrantes y refugiados vulnerables entren por las fronteras terrestres. Además, el texto de estas ordenanzas es especialmente discriminatorio para los venezolanos”, afirma Asano.
